martes, 22 de abril de 2008

O sociólogo, o desenvolvimento do ensino e as relações com o entorno social e com as instituições públicas.


O sociólogo que atua na docência pode ser lembrado para outras funções que lhes são próprias e necessárias para o bom desenvolvimento do ensino. Neste sentido chamo a atenção para a entrevista do secretário geral da Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciência y la cultura, Álvaro Marchesi que em certo trecho assinala a utilidade da presencia de un profesional que se encargue de las relaciones con el entorno social y con las instituciones públicas de tal forma que pueda contribuir a que exista un tejido social (familias, asociaciones, organismos) capaz de proporcionar un mayor apoyo a la tarea de las escuelas. Tal vez fuera más viable y más útil si este profesional tuviera a su cargo varias escuelas de una zona y trabajara en estrecha coordinación con las autoridades municipales. Leia aqui a entrevista na íntegra.

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La Revista Internacional Magisterio sobre Educación y Pedagogía con circulación a nivel de Latinoamérica, entrevistó al psicólogo y catedrático español Álvaro Marchesi, actual Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en su reciente visita a Colombia. En reportaje exclusivo concedido a la periodista Sandra Patricia Ordóñez habló sobre la orientación de una política educativa y cultural para América Latina a través del plan de cooperación de la OEI; la docencia como una profesión moral; los requerimientos de la escuela contemporánea; la enseñanza para resolver éticamente los conflictos; las competencias de los educadores y otros temas de palpitante actualidad.

¿En qué sentido pretende la OEI orientar la política educativa y cultural de América Latina a través de su Plan de Cooperación?

Nuestra tarea principal es colaborar con los países para que puedan desarrollar de forma más eficiente las políticas que ellos mismos han establecido. Ante los problemas que deben hacer frente, la OEI puede proporcionarles algunas ayudas: el asesoramiento técnico en sus procesos de reforma, el encuentro entre países para buscar soluciones juntos, la formación de los gestores de las políticas públicas y, de forma más concreta, determinados programas con suficiente financiación para contribuir a la solución de alguno de sus problemas más graves. Gracias a la existencia de una comunidad iberoamericana de naciones, es más sencillo favorecer la reflexión en común, intercambiar experiencias entre países e impulsar la cooperación mutua.

La OEI se ha marcado, para este nuevo periodo, cuatro objetivos prioritarios: terminar con el analfabetismo y lograr que todos los ciudadanos hayan terminado la educación básica, lo que supone un gran trabajo con las personas adultas pero también evitar que los jóvenes dejen la escuela de forma prematura; colaborar con la educación en valores en las escuelas; fortalecer la formación técnico profesional y colaborar en la definición de un modelo integrado en el que participen los diferentes sectores sociales y los responsables educativos y laborales; y, finalmente, queremos crear un Centro de Altos Estudios Universitarios de postgrado de carácter semipresencial que sea capaz de articular una oferta formativa de calidad con las Universidades Iberoamericanas y favorecer la movilidad de estudiantes e investigadores.

¿Cómo generar entornos de convivencia equilibrados y tranquilos en medio del conflicto de intereses y la ausencia de motivación de los protagonistas de los procesos educativos?

La convivencia en la escuela supone un cierto compromiso de todos los participantes en el proceso educativo con los objetivos de la institución escolar, el establecimiento de normas acordadas mayoritariamente y la existencia de sistemas de negociación y de solución de conflictos. Es evidente que cuando algunas de estas condiciones no están presentes, el riesgo de conflictos dañinos en las escuelas se incrementa. Por ello es tan importante que los alumnos se sientan interesados en sus aprendizajes y que los profesores sean capaces de desarrollar una enseñanza motivadora.

¿La escuela contemporánea requiere un nuevo tipo de especialista que se encargue de las mediaciones de orden social y cultural?

Yo creo que son los profesores quienes tienen que asumir la responsabilidad de lograr un buen clima de aprendizaje y de convivencia en las aulas y en la escuela. Esto supone nuevas funciones a la tarea docente, lo que debería tener repercusiones en el estatus profesional y laboral de los docentes. No parece equilibrado que se vayan aumentando las responsabilidades y las funciones de los docentes y que se mantenga intacta, como si nada cambiase, su situación laboral.

También hay que reconocer, no obstante, que en ocasiones puede ser necesaria la presencia de un profesional que se encargue de las relaciones con el entorno social y con las instituciones públicas de tal forma que pueda contribuir a que exista un tejido social (familias, asociaciones, organismos) capaz de proporcionar un mayor apoyo a la tarea de las escuelas. Tal vez fuera más viable y más útil si este profesional tuviera a su cargo varias escuelas de una zona y trabajara en estrecha coordinación con las autoridades municipales.

¿Es posible enseñar la elaboración ética de los conflictos?

Es posible enseñar procedimientos para resolver los conflictos de forma dialogada y justa. Pero no hay nada mejor para promover esta enseñanza que las escuelas sean buenos modelos de esta forma de resolver los conflictos. Ello supondría un buen sistema de participación de los alumnos, una actitud de respeto hacia las opiniones de los otros, la existencia de sistemas de mediación y una manera justa de resolver los conflictos.

En términos de la formación en valores desde la escuela ¿cuáles son los imprescindibles?

Imprescindibles son el respeto y la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos: libertad, respeto a las opiniones de los otros y al pluralismo religioso, político y personal, búsqueda de la paz y de la solución negociada de los conflictos, justicia y solidaridad.

¿Por qué considera usted que espacios de acción como el arte, la cultura, el deporte son escenarios ideales para potenciar la educación en valores civiles y democráticos?

En la escuela se tiende a considerar que la reflexión y la instrucción es la estrategia principal para promover la educación en valores. Yo diría que es una estrategia necesaria pero insuficiente. Además, como acabo de comentar, hay que conseguir que la escuela se rija por normas justas y que todos los profesores acepten que han de colaborar en la educación en valores. Y finalmente, considero que pueden existir determinados proyectos que contribuyan de forma eficaz a la educación en valores. El deporte es uno de ellos pues puede llegar a ser una buena escuela de juego limpio, de cooperación y de esfuerzo. Por ello la OEI está desarrollando un gran proyecto en todos los países iberoamericanos de promoción de los valores a través del deporte. Lo mismo sucede con el arte. La música, el teatro o la danza son expresiones culturales de los pueblos que contribuyen no sólo al disfrute de su expresión, sino también al reconocimiento de la diversidad cultural.

¿Cuáles son las principales necesidades formativas que tienen los docentes en estos momentos? ¿Cuáles son sus demandas principales?

Hay que reconocer que en los tiempos actuales cada vez es más difícil enseñar y que es necesario renovar las competencias adquiridas: nuevas formas de favorecer los aprendizajes de los alumnos, gestión de la diversidad en el aula, capacidad para incorporar las tecnologías de la información en la enseñanza, trabajo en equipo y colaboración con las familias, por citar alguna de las más importantes.

Pero además de estas competencias, el docente debe de ser consciente de que la tarea de enseñar no se agota en sus competencias profesionales, sino que exige también una actitud o disposición positiva hacia la enseñanza. Son los principios que impulsan el trabajo de enseñar, las metas capaces de dinamizar y de orientar su trabajo, la forma de relacionarse con los demás. Constituyen, posiblemente, el carácter del profesor, su estilo profesional, la manera de establecer relaciones personales con los que le rodean en su trabajo, los motivos que informan su acción. Como he señalado en un libro reciente sobre "El bienestar de los docentes. Competencias, emociones y valores", estas disposiciones podrían resumirse en el equilibrio afectivo y en la responsabilidad moral.

En una charla reciente hablaba usted de Justicia, compasión y responsabilidad como competencias fundamentales del educador contemporáneo. ¿Cómo integraría este concepto al contexto de la formación en valores?

La docencia es una profesión moral y ello exige a los educadores cuidar esta dimensión en su acción educadora. Desde esta perspectiva, no se trata de volver de nuevo a cómo plantear la educación moral en las escuelas, sino más bien a conocer cuáles deberían ser las principales virtudes de los docentes mientras desarrollan su trabajo en la escuela. He destacado tres virtudes que son especialmente importantes en la profesión docente: la justicia, la compasión y la responsabilidad. Hemos de ser virtuosos en nuestra actividad docente de la misma manera que hemos de favorecer que nuestros alumnos lo sean también. Aquí se manifiestan de forma clara la grandeza y la exigencia de la tarea de enseñar a las nuevas generaciones.

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Texto de entrevista divulgado no Websitio da OEI em 20 de marzo de 2008

Reproduzido neste blog por Jacob (J.) Lumier

Link: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2268

jueves, 10 de abril de 2008

Montoro e o exercício da profissão de Sociólogo



LEI Nº 6.888, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1980
Publicada no DOU de 11/12/1980
Dispõe sobre o exercício da profissão de Sociólogo e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O exercício, no País, da profissão de Sociólogo, observadas as condições de habilitação e as demais exigências legais, é assegurado:
a) aos bacharéis em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências Sociais, diplomados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
b) aos diplomados em curso similar no exterior, após a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em vigor;
c) aos licenciados em Sociologia, Sociologia Política ou Ciências Sociais, com licenciatura plena, realizada até a data da publicação desta Lei, em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
d) aos mestres ou doutores em Sociologia, Sociologia Política ou Ciências Sociais, diplomados até a data da publicação desta Lei, por estabelecimentos de pós-graduação, oficiais ou reconhecidos.
e) aos que, embora não diplomados nos termos das alíneas a, b, c e d, venham exercendo efetivamente, há mais de 5 (cinco) anos, atividade de Sociólogo, até a data da publicação desta Lei.
Art. 2º É da competência do Sociólogo:
I - elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar, implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, planos, programas e projetos atinentes à realidade social;
Il - ensinar Sociologia Geral ou Especial, nos estabelecimentos de ensino, desde que cumpridas as exigências legais;
III - assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da administração pública direta ou indireta, entidades e associações, relativamente à realidade social;
IV - participar da elaboração, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, programação, implantação, direção, controle, execução, análise ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano, programa ou projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade social.
Art. 3º Os órgãos públicos da administração direta ou indireta ou as entidades privadas, quando encarregados da elaboração e execução de planos, estudos, programas e projetos sócio-econômicos ao nível global, regional ou setorial, manterão, em caráter permanente, ou enquanto perdurar a referida atividade, Sociólogos legalmente habilitados, em seu quadro de pessoal, ou em regime de contrato para prestação de serviços.
Art. 4º As atividades de Sociólogo serão exercidas na forma de contrato de trabalho, regido pela Consolidação das Leis do trabalho, em regime do Estatuto dos Funcionários Públicos, ou como atividade autônoma.
Art. 5º Admitir-se-á, igualmente, a formação de empresas ou entidades de prestação de serviço previstos nesta Lei, desde que as mesmas mantenham Sociólogo como responsável técnico e não cometam atividades privativas de Sociólogo a pessoas não habilitadas.
Art. 6º O exercício da profissão de Sociólogo requer prévio registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, e se fará mediante a apresentação de:
I - documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos nas alíneas a, b, c e d do art.1º, ou a comprovação de que vem exercendo a profissão, na forma da alínea e do art. 1º;
II - carteira profissional.
Parágrafo único. Para os casos de profissionais incluídos na alínea e do art. 1º, a regulamentação desta Lei disporá sobre os meios e modos da devida comprovação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da respectiva publicação.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 10 de dezembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Macêdo
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT/São Paulo/SP
(busca: legislação, CLT, profissões regulamentadas)
http://www.trt02.gov.br/

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Decreto nº 89.531, de 05 de abril de 1984
Regulamenta a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o exercício da profissão de sociólogo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 7º da Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980,
DECRETA:
Art. 1º O exercício, no País, da profissão de sociólogo, observadas as condições de habilitação e as demais exigências legais, é assegurado:
a) aos bacharéis em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências Sociais, diplomados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
b) aos diplomados em curso similar no exterior, após a revalidação do diploma, de acordo com a legislação em vigor;
c) aos licenciados em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências Sociais, com licenciatura plena, realizada até 11 de dezembro de 1980, em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos;
d) aos mestres ou doutores em Sociologia, Sociologia Política ou Ciências Sociais, diplomados até 11 de dezembro de 1980, por estabelecimentos de pós-graduação, oficiais ou reconhecidos;
e) aos que, embora não diplomados nos termos das alíneas a, b, c e d, tenham exercido, efetivamente, há mais de 5 (cinco) anos, até 11 de dezembro de 1980, uma das atividades definidas, no artigo 2º deste Decreto.
Art. 2º São atribuições do sociólogo:
I - elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar, implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisas, planos, programas e projetos atinentes à realidade social;
Il - ensinar Sociologia Geral ou Especial, nos estabelecimentos de ensino, desde que cumpridas as exigências legais;
III - assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da administração pública direta ou indireta, entidades e associações, relativamente à realidade social;
IV - participar da elaboração, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, programação, implantação, direção, controle, execução, análise ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano, programa ou projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade social.
Art. 3º Os órgãos públicos da administração direta ou indireta ou as entidades privadas, quando encarregados da elaboração e execução de planos, estudos, programas e projetos sócio-econômicos ao nível global, regional ou setorial, manterão, em caráter permanente, ou enquanto perdurar a referida atividade, sociólogos legalmente habilitados, em seu quadro de pessoal, ou em regime de contrato para a prestação de serviços.
Art. 4º As atividades de sociólogo serão exercidas:
I - mediante contrato de trabalho, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho;
Il - em regime estatutário (Estatuto dos Funcionários Públicos); e
III - de forma autônoma.
Art. 5º Admitir-se-á, igualmente, a formação de empresas ou entidades de prestação de serviços para a realização das atividades previstas no artigo 2º deste Decreto, desde que as mesmas mantenham sociólogo como responsável técnico e não cometam atividades privativas de sociólogo a pessoas não habilitadas.
Art. 6º O exercício da profissão depende de prévio registro no órgão regional do Ministério do Trabalho.
§ 1º O registro a que se refere este artigo será efetuado a requerimento do interessado, instruído com os seguintes documentos:
a) diploma mencionado na alínea a, b ou d do artigo 1º, ou ainda
b) título de habilitação específica em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências Sociais, com licenciatura plena, realizada na forma do disposto no artigo 1º;
d) documento comprobatório de atividade profissional de sociólogo, durante pelo menos 5 (cinco) anos, até 11 de dezembro de 1980, observado o previsto no artigo seguinte;
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
§ 2º O requerimento de que trata o parágrafo anterior deverá conter, além do nome do interessado, a filiação, o local e a data de nascimento, o estado civil, indicação da residência e local onde exerce a profissão, número da Carteira de Identidade, seu órgão expedidor e data da expedição, bem como o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda.
Art. 7º A prova da situação prevista na alínea e do artigo 1º será feita por qualquer meio em direito permitido, notadamente pela Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou pelo recibo de pagamento do imposto relativo ao exercício da atividade profissional e somente admitida no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da publicação deste Decreto.
Art. 8º O órgão regional do Ministério do Trabalho anotará na Carteira de Trabalho e Previdência Social do interessado a data e o registro da profissão.
Art. 9º O Ministério do Trabalho expedirá instruções que se fizerem necessárias à execução deste Decreto.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 05 de abril de 1984; 163º da Independência e 96º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Murillo Macêdo
RETIFICAÇÃO
DECRETO nº 89.531, DE 05 DE ABRIL DE 1984
Regulamenta a Lei nº 6.888, de 10 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o exercício da profissão de sociólogo e dá outras providências.
(PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 09 DE ABRIL DE 1984 - SEÇÃO I)
Na página 5.067, 1ª coluna, nas alíneas do parágrafo primeiro, do artigo 6º, ONDE SE :
b) título de habilitação ...
d) documento comprobatório ...
e) Carteira de Trabalho ...
LEIA-SE: b) título de habilitação ...
c) documento comprobatório ...
d) Carteira de Trabalho ... 

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• Sob o governo eleito de André Franco Montoro, a disciplina de Sociologia é incluída entre as matérias da parte diversificada nos currículos das escolas estaduais de segundo grau.

Cabe notar que, ao posicionar-se em favor do ensino da sociologia, autorizar e determinar a inclusão dessa disciplina nos currículos de segundo grau, Franco Montoro impôs sua influência como Governador eleito de São Paulo (1982) na primeira eleição direta para o cargo após vinte anos. 

Desta forma, não só fez valer a Lei Nº 6.888 ( Dezembro de 1980, que reconheceu a profissão), mas assumiu a responsabilidade política executiva pela legitimidade, serventia e urgência da profissão de sociólogo, tornando viável e efetiva a sanção presidencial do decreto (1984) que regulamenta a profissão. 

Neste sentido, Franco Montoro pode ser considerado o benfeitor da profissão de sociólogo. Sua atuação pela indispensabilidade pedagógica da sociologia valorizou o alto nível de nossa profissão.

Jacob J. Lumier 


jueves, 3 de abril de 2008

O Relatório da Hutchins Commission de 1947 (EUA) e a Responsabilidade Social da Mídia


A Responsabilidade Social aceita que a mídia deve servir ao sistema econômico e buscar a obtenção do lucro, mas subordina essas funções à promoção do processo democrático e ao esclarecimento do público ("o público tem o direito de saber").

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COMISSÃO HUTCHINS: O velho (novo) paradigma faz 61 anos

Por Venício A. de Lima em 25/3/2008

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=478JDB001


Março é o mês de aniversário do famoso relatório da Hutchins Commission – "Uma imprensa livre e responsável" (A free and responsible press) – publicado em 1947, nos EUA. A Comissão, formada por 13 personalidades do mundo acadêmico e empresarial, financiada pelo grupo Time Life e pela Enciclopédia Britânica, foi presidida pelo então reitor da Universidade de Chicago, Robert M. Hutchins. Criada em 1942, no correr da Segunda Guerra Mundial, antecipando as mudanças que estavam por vir e respondendo a uma onda crescente de críticas à atuação da mídia, a Comissão tinha como objetivo principal definir quais eram as funções da mídia na sociedade moderna. Objeto de muitas críticas ao longo dos seus 61 anos, o relatório da Hutchins Commission deu origem à chamada teoria da responsabilidade social da mídia.

Responsabilidade social

A responsabilidade social (RS) não é um conceito novo e sua origem está associada à filosofia utilitarista que surge na Inglaterra e nos Estados Unidos no século 19, de certa forma derivada das idéias de Jeremy Bentham e John Stuart Mill.

Nos anos pós-Segunda Grande Guerra, a RS se constituiu como um modelo a ser aplicado às empresas em geral – e às empresas jornalísticas norte-americanas, em particular – e começou a ser introduzida por meio de códigos de auto-regulação estabelecidos para o comportamento de jornalistas e de setores como rádio e televisão. Esse modelo está ligado diretamente à defesa da liberdade, inclusive à liberdade de imprensa e ao desenvolvimento do capitalismo e dos direitos civis.

A RS se baseia na crença individualista de que qualquer um que goze de liberdade tem certas obrigações para com a sociedade – daí seu caráter normativo. Na sua aplicação à mídia, é uma evolução de outra teoria da imprensa – a libertária – que não se preocupava em garantir um fluxo de informação em nome do interesse público. A RS aceita que a mídia deve servir ao sistema econômico e buscar a obtenção do lucro, mas subordina essas funções à promoção do processo democrático e ao esclarecimento do público ("o público tem o direito de saber").

Cinco pontos

O relatório da Hutchins Commission resumiu as exigências que os meios de comunicação teriam de cumprir em cinco pontos:

1. Propiciar relatos fiéis e exatos, separando notícias (reportagens objetivas) das opiniões (que deveriam ser restritas às páginas de opinião);

2. Servir como fórum para intercâmbio de comentários e críticas, dando espaço para que pontos de vista contrários sejam publicados;

3. Retratar a imagem dos vários grupos com exatidão, registrando uma imagem representativa da sociedade, sem perpetuar os estereótipos;

4. Apresentar e clarificar os objetivos e valores da sociedade, assumindo um papel educativo; e, por fim,

5. Distribuir amplamente o maior número de informações possíveis.

Esses cinco pontos se tornariam a origem dos critérios profissionais do chamado "bom jornalismo" – objetividade, exatidão, isenção, diversidade de opiniões, interesse público – adotado nos Estados Unidos e presente nos Manuais de Redação de boa parte dos jornais nas democracias liberais.

Lições contemporâneas

Em livro lançado recentemente nos EUA (The Big Picture – Why Democracies need Journalistic Excellence; Routledge, 2008) o jornalista Jeffrey Scheuer chama a atenção para o fato de que o relatório da Hutchins Commission estabeleceu um precedente ajudando a legitimar a crítica da mídia como uma atividade importante das democracias maduras. Além disso, o relatório talvez tenha sido responsável por uma mudança fundamental de paradigma no jornalismo: da liberdade de imprensa para a responsabilidade da imprensa.

Teria essa mudança de paradigma de fato ocorrido? Ela chegou ao Brasil?

Talvez o jornalismo brasileiro ainda tenha algo a aprender com o velho relatório da Hutchins Commission. Talvez já seja tempo de os empresários de mídia – que hoje incluem os donos, controladores e gerentes de provedores de internet – se darem conta de que os tempos são outros e a consciência dos direitos individuais e coletivos avança e ganha força dia a dia em camadas cada vez mais amplas de nossa população.

O sucesso empresarial da indústria privada das comunicações – da qual fazem parte as empresas de telecomunicações, seja através da distribuição de conteúdo ou do provimento de tecnologia – está cada vez mais ligado ao respeito aos direitos de comunicação do cidadão consumidor. Talvez seja tempo de pensar menos no surrado "escudo" da ameaça "de fora" à liberdade de imprensa e pensar mais na responsabilidade social daqueles que escolheram a mídia como atividade profissional e empresarial.

Com 61 anos de idade, o velho relatório da Hutchins Commission – "Uma imprensa livre e responsável" – permanece novo, válido e atual, pelo menos entre nós.

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Artigo reproduzido do Website Observatório da Imprensa por Jacob (J.) Lumier

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=478JDB001

miércoles, 2 de abril de 2008

Estudo sobre a responsabilidade social no Brasil.



A preocupação com as questões do meio ambiente é relativamente recente na consciência social, mas progrediu muito em diversos setores da sociedade, inclusive no meio empresarial. Por ora, no entanto, há poucos indícios do surgimento de uma cultura realmente nova caracterizada por um diálogo crítico e autocrítico entre a economia e a sociedade a respeito das questões ambientais.


Instituto de Pesquisas das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social - UNRISD


A economia política da responsabilidade empresarial noBrasil: as dimensões social e ambiental

por

Paola Cappellin e Gian Mario GiulianiResumo

Janeiro de 2005

O discurso e as práticas associadas à responsabilidade social e ambientaldas empresas (RSAE) vêm se intensificando e desenvolvendo rapidamente nosúltimos anos.


Este documento descreve a agenda da RSAE no Brasil, examina sua história, identifica os fatores e os atores que estimularam as empresas a adotar iniciativas dessa natureza, e se interroga sobre seus efeitos concretos para o desenvolvimento social sustentável.


O interesse mundial pela RSAE cresceu muito na década de 1990 e estendeu-se aos países em desenvolvimento por via de processos, políticas e instituições relacionadas com a globalização.


Mas muitos países em desenvolvimento também têm uma história própria de iniciativas de RSAE.


O desejo de melhorar o desempenho social das empresas no Brasil aumentou significativamente nos anos 80, graças principalmente às inquietações dos atores e aos contextos internos.


Um fator decisivo foi a difusão de certos valores e princípios éticos ligados à democratização e a um pensamento religioso progressista.


O processo de democratização também abriu caminho para a expansão das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais preocupados com os impactos sociais e ambientais das atividades das empresas.


Um setor da comunidade empresarial desempenhou um papel fundamental nessas mudanças, as associações empresariais, que não só representavam osi nteresses econômicos de seus membros, mas se colocavam questões filosóficas e culturais, entre elas as das relações entre as empresas e a sociedade.


Partindo de uma posição crítica com relação à atitude tradicional do empresariado, essas associações procuraram despertar a consciência social das empresas e estimular atividades filantrópicas.


O círculo dos atores e instituições que preconizava a RSAE ampliou-se consideravelmente na década de 1990. Partidos políticos, organizações não-governamentais, sindicatos, meios de comunicação de massa, governos locais, consumidores e acionistas engajaram-se nessas ações, assim como algumas entidades empresariais, diretores e empresas de visão mais proativa.


Mas há diferenças fundamentais de visão entre as organizações da sociedade civil. Os sindicatos, por exemplo, consideram as empresas como as grandes responsáveis pela deterioração das condições de trabalho e reclamam a universalização dosdireitos trabalhistas, enquanto muitas organizações não-governamentais tendem a incentivar ações sociais voluntárias empresariais.


A impulsão favorável à RSAE recebeu ainda o reforço das influências e pressões internacionais ligadas à gestão além-fronteiras das companhias multinacionais, da militância da sociedade civil mundial, da certificação ambiental e das normas e leis internacionais relacionadas com o trabalho, o meio ambiente e os direitos humanos.


Outra mudança importante ocorreu nos anos 90. No momento em que as companhias buscavam reestruturar-se para aumentar sua competitividade no mercado internacional, alguns diretores - e especialistas em gestão de empresas se deram conta de que as iniciativas de RSAE podiam ser usadas para reduzir custos, aumentar as vantagens competitivas e administrar os riscos e a reputaçãode suas empresas.


As repercussões internacionais de uma imagem desfavorável levaram as empresas brasileiras a priorizar uns poucos problemas específicos, entre os quais a pobreza, a violência, o trabalho infantil, a educação e a proteção do meio ambiente. Além disso, alguns segmentos do mundo dos negócios,principalmente as grandes empresas dos setores mais dinâmicos da economia, colocaram-se na dianteira das ações sociais, procurando fechar algumas das brechas abertas pela fragilidade, real ou percebida, do setor público.


A RSAE tornou-se assim parte de uma estratégia mais ampla de legitimidade, uma maneira de limpar a imagem maculada dos empresários e das empresas que muitos consideravam responsáveis pela concentração da riqueza e pelo caráter cada vez mais especulativo dos investimentos financeiros.


Em outraspalavras, os empresários brasileiros utilizaram-se da RSAE para restabelecer a confiança dos trabalhadores, aumentar sua competitividade e, sobretudo consolidar a fidelidade dos consumidores e a aceitação da coletividade.


Em uma época de mercados de trabalho flexíveis e de desregulação dos custos da mão de obra, a responsabilidade social permitiu às empresas amenizar um pouco os efeitos dessas políticas e processos. Com a ampliação da agenda de RSAE durante a década de 1990 um número cada vez maior de grandes empresas se interessaram por diversas iniciativas que iam além dos limites da filantropia e incluíam o bem-estar social, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento comunitário. Tais atividades seconcentravam habitualmente em doações e ações sociais voltadas para as comunidades locais em que as empresas haviam se instalado.


Em outraspalavras, as empresas e entidades empresariais dirigiram suas ações sociais para fora de seus muros. Entretanto, com a intensificação da reestruturação industrial, as ações sociais foram redirecionadas para dentro, isto é, para investimentos na qualificação dos trabalhadores e para a modernização das técnicas de produção usadas nos locais de trabalho, sobretudo nos setores metalúrgico, químico, têxtil e de construção civil.


Os investimentos orientados para os trabalhadores visavam primordialmente o aumento da produtividade. Por outro lado, essas iniciativas contribuíram para reduzir os problemas tradicionais das fábricas brasileiras, como os acidentes de trabalho, o analfabetismo, as doenças, o absenteísmo e a baixa adesão aos objetivos da empresa.


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Se é possível constatar que as empresas adotam cada vez mais iniciativas de responsabilidade social e ambiental, a dinâmica da responsabilidade social empresarial (RSE) e da responsabilidade ambiental empresarial (RAE) são muito diferentes entre si.


A RSE surgiu num contexto de desregulamentação e deterioração das normas e direitos do trabalho. Embora o discurso e prática da RSE tenham se disseminado, as empresas e suas associações fazem pressão sobre o Estado para que os direitos trabalhistas e as normas de trabalho sejam excluídos da legislação nacional e transferidos para a órbita da negociação coletiva direta.


Juntamente com a desregulamentação da legislação trabalhista de caráter universal, as grandes empresas cortam empregos formais e salários.


Vista nesse contexto geral, a RSE mais parece uma “abordagem paliativa” para aliviar a consciência pesada.


A responsabilidade ambiental das empresas (RAE), por sua vez, apóia-se em sistemas de controle definidos pela legislação nacional e por acordos internacionais, além das pressões da sociedade civil, e é fortalecida por determinados nichos de negócios. Mas concluir daí que as empresas estão se convertendo à causa ecológica é simplificar em excesso um processo que é bem complexo e envolve diferentes atores e dinâmicas.


A preocupação com as questões do meio ambiente é relativamente recente na consciência social, mas progrediu muito em diversos setores da sociedade, inclusive no meio empresarial. Por ora, no entanto, há poucos indícios do surgimento de uma cultura realmente nova caracterizada por um diálogo crítico e autocrítico entre a economia e a sociedade a respeito das questões ambientais.


Na realidade, os progressos obtidos na Responsabilidade Ambiental das Empresas são frágeis. As relações entre as empresas e as organizações não-governamentais preocupadas com o meio ambiente permanecem tênues, e certos grupos empresariais continuam a reivindicar uma atenuação da rigidez das leis ambientais, principalmente no que diz respeito à conservação florestal e às restrições à produção e comercialização de produtos transgênicos (ou geneticamente modificados).


A perspectiva da RSAE depende, em última análise, de um contexto institucional que reúna condições legais, políticas e comerciais. Alguns sinais parecem indicar que o Brasil poderá reunir essas condições. É provável que o momento favorável aos dois tipos de responsabilidade ganhe impulso, sobretudo porque uma série de atores e instituições – antigos e novos, nacionais e internacionais – têm se empenhado ativamente em promovê-la.


Os mercados de bens e serviços ambientais continuam a expandir-se, e as recentes mudanças políticas indicam que o Estado brasileiro poderá vir a desempenhar um papel mais proativo no desenvolvimento econômico e social.


No novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a agenda da RSAE faz parte de uma pauta maior de questões em que as políticas públicas universalizantes voltaram a ocupar o centro do modelo brasileiro de desenvolvimento econômico e social. O governo também anuncia uma nova cultura de consenso social e uma nova relação entre a regulação voluntária e a normatividade estatal.


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Paola Cappellin e Gian Mario Giuliani, Doutores em Sociologia pelaUniversidade de Paris X – Nanterre, são professores do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) do Instituto de Filosofia eCiências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil.
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Texto reproduzido por Jacob (J.) Lumier